La banda ancha y los negocios de telecomunicaciones en México

Apenas nos estábamos reponiendo de la sorpresa de que la selección mexicana de fútbol había ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Londres, cuando ya estalló otra bomba –esta si con trasfondos muy amplios- en torno a la expropiación o rescate de la banda ancha 2.5 Ghz por parte del Gobierno Federal al grupo MVS.

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Dionicio Pérez Jácome, la decisión de rescatar la frecuencia de 2.5 Ghz se debió a dos factores: 1) la subutilización de la banda y 2) la falta de pago de la contraprestación por parte del grupo MVS.

Ahora, según la versión que dio Joaquín Vargas, Presidente del Consejo de Administración de MVS, estos argumentos no son válidos, ya que ellos sí estaban dispuestos a pagar pero con un “ajuste de cuentas” y además, la utilización de toda la capacidad que ofrece la banda ancha estaba garantizado en el proyecto de MVS NET y en el denominado “Banda Ancha Móvil Para Todos”, que ofrecería el doble de los servicios a la mitad del precio que se paga actualmente con otros prestadores de estos mismos servicios.

Pleito entre MVS y el Gobierno Federal

Pero más allá de las justificaciones, acuerdo, términos y explicaciones jurídicas por parte del proceso a través del cual MVS era el beneficiario de la explotación de la banda 2.5, las palabras de Vargas que más causaron revuelo fueron las acusaciones directas al Gobierno Federal –representados por Dionicio Pérez Jácome, Alejandra Sota y Javier Lozano-, de existir una especie de chantaje que tiene que ver con el tema de Carmen Aristegui y sus declaraciones en torno al supuesto alcoholismo de Felipe Calderón y que le costaron en su momento dejar MVS.

Según Vargas, el día 13 de febrero de 2011, Javier Lozano lo citó en la “casa de un amigo común” y le dijo –palabras textuales del Presidente del Consejo de Administración de MVS-: “hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día”.

Horas más tarde Lozano desmintió haber dicho esto y en cambió señaló que Vargas fue el que intentó “chantajear al gobierno federal”. En su cuenta de Twitter Lozano comentó: “Quien pretendió chantajear al Gobierno con el tema de @AristeguiOnline fue @JoaquinVargasG y no al revés. Le aconsejé que NO se le ocurriera”.

¿Quién miente?

Hay dos versiones y ninguna encaja. Seguramente una de las dos miente, pero mientras sabemos cual de las dos –la oficial o la de MVS- son las que más se acercan a lo que verdaderamente ha ocurrido, lo cierto es que nuevamente se abre una ventana a través de la cual nos damos cuenta de como se manejan los temas de interés público en los privados de las oficinas gubernamentales.

Si es cierta la versión de Vargas acerca de las presiones del Gobierno Federal con respecto a Aristegui, se confirma una vez más que una de las principales características de este gobierno que termina fue la falta de tacto político para manejar situaciones complicadas y para soportar las críticas producto de  lo que ellos llaman la “apertura democrática” de los medios de comunicación.

Si Vargas miente, entonces estamos nuevamente ante la disyuntiva ética de tratar de conseguir las cosas que se desean, en las condiciones que uno lo desea y en función de un beneficio propio, sobre pasando cualquier interés social. Es decir, los ricos en México tienen la opción y “el derecho” de exigir que las cosas funciones según sus necesidades en contra posición de las leyes y las autoridades.

Los poderosos en México

Pero siendo un poco observadores, podemos darnos cuenta de que ambas posturas existen y coexisten en este México de contrastes. El poder financiero y poder político trabajan en conjunto hasta que algo sale mal y se acusan mutuamente de situaciones que eran bien vistas hasta que no benefician a alguna de las dos partes.

Nadie está diciendo que esto sea ilegal, simplemente como sociedad, estamos a la deriva porque la experiencia nos dice que los funcionarios deberían de velar por los intereses de la sociedad, pero muchas veces trabajan en beneficio de sí mismos y de los grupos que ostentan el poder, ya sea político, económico e incluso social.

Ahora bien, ¿en dónde radica lo verdaderamente importante de esta acción y la virtual cancelación de esta banda ancha? Habrá muchas respuestas técnicas que darán los expertos en el tema, pero a nivel social es que se cierra una posibilidad más de tener acceso y opciones para que la gente común y corriente pueda utilizar los servicios de estas características a precios relativamente justos.

Además de esto, Vargas intenta llevar esta acción al plano político y plantea una pregunta muy interesante acerca de la postura que tendrá el nuevo gobierno y lo que representa esta acción para la administración de Peña Nieto.

Los temas políticos en los grandes negocios

Sin ser muy agudos en temas políticos, podemos vislumbrar que de manera directa, indirecta o transversal, los grandes monopolios que manejan la televisión y los demás sistemas de telecomunicaciones en el país, son los más beneficiados con esta decisión, porque se elimina la posibilidad de competencias –se supone- más justas, porque se mantiene el status quo de los grupos dominantes y se limita a la sociedad a aceptar las condiciones sin posibilidad de elección.

Que de entrada Televisa parece ser la más beneficiada por esta acción, no hay duda de ello. Porque ganó con la alianza con Iusacell, porque ha eliminado –o le han ayudado a eliminar- cualquier amenaza de competencia en cuanto a nuevas cadenas de televisión –recordar los casos de Moises Saba, de Carlos Slim y ahora esta, sin ser propiamente televisión- y porque no hay instituciones o autoridades que puedan hacer algo en contra de sus monopolios.

Y si al gobierno entrante le faltaba un favorcito, ya se lo dieron con esta acción y le quitaron un peso de encima al no tener que ser ellos los que cargaran con el peso de estas decisiones y que de alguna manera reafirmarían los vínculos entre Televisa y EPN.

Legal o no, justa o no, los únicos que perdemos con el rescate de la banda ancha 2.5 somos los ciudadanos de a pie, que tenemos que estar escuchando acusaciones y chismes que nos restriegan en la cara el hecho de que los ricos y poderosos son los que deciden como funciona el país, mientras a nosotros “nos lleva la chingada” porque se aleja una vez más la posibilidad de iniciar con la democratización de la tecnología y porque salimos perdiendo de cualquier forma….

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